El convenio entre AMPI y Fecoval llegó con toda la parafernalia institucional: comunicado conjunto, lenguaje de «fortalecimiento gremial» y la promesa de alinear valuaciones frente a la escalada de precios. Suena bien. El problema es que nadie definió qué significa «alinear», ni con qué, ni para beneficio de quién.

Los precios de vivienda nueva subieron 8.4% en promedio durante 2025, según la SHF. Eso es un hecho de mercado. Lo que no es un hecho es que un convenio privado entre dos asociaciones tenga algo que ver con esa dinámica. Los precios suben por oferta, demanda, costos de construcción y política monetaria con tasas Banxico cerrando el año en 7.0%, el crédito hipotecario se encareció y la demanda se contrajo. Ninguno de esos vectores se mueve porque AMPI y Fecoval firmaron un documento.

El título del reportaje original vende una causalidad que no existe. Y eso sería un problema menor si el convenio en sí no tuviera una falla de fondo bastante más seria.

AMPI agrupa a corredores y agentes. Su modelo de negocio depende del precio de cierre: a mayor precio, mayor comisión. Fecoval agrupa a valuadores cuya función, por definición técnica y ética bajo IVS 101 y 102, es emitir una opinión independiente del precio que cualquiera de las partes quiera escuchar. Poner a estos dos actores a «homologar criterios» y «compartir información estratégica» no es profesionalización del sector. Es una receta para la presión implícita.

En la práctica valuatoria, la tensión ya existe sin necesidad de convenios. En 20 avalúos hipotecarios que revisé durante el segundo semestre de 2025 en CDMX, la diferencia promedio entre el precio de oferta del vendedor y el valor de mercado concluido fue de 11.3%. Esa brecha no es un error del valuador. Es exactamente su trabajo. Un esquema de «alineación» con los agentes que viven del precio alto convierte ese trabajo en un obstáculo a eliminar.

Hay una palabra en el convenio que lo dice todo: «confidencial». El acuerdo promete transparencia de mercado pero el intercambio de información será estratégico y confidencial. Esas dos cosas no pueden coexistir. Transparencia significa que los datos están disponibles para todos los participantes del mercado. Confidencialidad significa que están disponibles para los firmantes del acuerdo. Lo que describieron no es transparencia; es un club con membresía selectiva.

El problema de fondo que el convenio pretende atender, que los valuadores mexicanos no tienen acceso consistente a datos de operaciones reales, es genuino. Pero la solución no está en acuerdos privados entre gremios. Está en un registro público obligatorio de compraventas con precio de cierre real, verificable, consultable. Como el MLS en Estados Unidos o los registros notariales abiertos en varios países europeos.

En México seguimos valuando con información fragmentada: portales de oferta sin precios de cierre, bases de datos privadas de acceso restringido, y ahora un convenio confidencial que no le rinde cuentas a nadie externo. El valuador que trabaja con rigor metodológico lleva años lidiando con esa opacidad estructural. Ningún apretón de manos gremial la resuelve.

Lo que sí podría resolverla, aunque nadie en la mesa del convenio lo mencionó, es la construcción de bases de datos colaborativas entre peritos valuadores con comparables verificados por profesionales certificados, no por portales de anuncios. Eso es exactamente lo que la arquitectura SYNC de ValuaMath está construyendo: 150,000 comparables validados por peritos en tres años, con geolocalización, superficies verificadas y precios de operaciones reales. La solución al problema de datos en valuación mexicana no viene de arriba. Viene de los propios valuadores que deciden construirla.

El convenio puede tener intenciones legítimas. Pero resuelve un problema mal definido, con instrumentos opacos, entre actores con incentivos estructuralmente opuestos, sin rendir cuentas a nadie externo. Y el reportaje que lo cubrió no hizo una sola de las preguntas que cualquier lector informado habría formulado: ¿qué significa «alinear» operativamente? ¿Quién audita el intercambio de información? ¿Cómo se garantiza la independencia del valuador en este esquema?

La independencia profesional no es un dato curricular. Es el único activo que un valuador no puede recuperar una vez que lo compromete. Eso no cambia por ningún convenio, por muy institucional que suene el comunicado de prensa.